catholic & family human righst institute/ viernes 13 de noviembre de 2009
La lucha sobre la propaganda homosexual en las escuelas, que ha tenido lugar entre el Parlamento Lituano y el Europeo, ha subido de tono esta semana con la petición del Parlamento Lituano (Siemas) a su gobierno, de demandar a los europeos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
Esta discusión comenzó con la aprobación en Lituania de “La Ley de Protección de menores en contra del Efecto perjudicial de la Información Pública”, que prohíbe la promoción de relaciones “homosexuales, bisexuales o poligámicas”, entre los chicos menores de 18 años. Sin embargo mientras el Presidente vetó la medida, Siemas volcó su veto y la ley será puesta en marcha el próximo Marzo
Como consecuencia de esto, en Septiembre de este año, el Parlamento Europeo (PE) voto 349-218 para condenar la nueva ley y pedir a la Agencia por los Derechos Fundamentales de la UE, que revise dicha ley. El PE pidió también, la aplicación del “ArtÍculo Séptimo” contra Lituania, mismo que puede resultar en la suspensión del país báltico en la Unión Europea. Jean Lambert, Ministro del Parlamento Europeo dijo en su momento que “esta ley va en contra de los tratados y de la Carta de la Unión Europea, así como de la Convención Europea de Derechos Humanos, y por lo tanto debe ser urgentemente rechazada con base en estos argumentos”.
Además de la educación de los niños y los derechos de los padres, se encuentra en el centro del debate el asunto de soberanía nacional. Los lituanos insisten en que ellos son libres de promulgar leyes como esta, y que las Instituciones Europeas no tienen “jerarquía” sobre ellos. Muchos Europeos han temido por largo tiempo lo que se veía como inevitable, la interferencia de la UE en materia de vida y familia.
El tratado de Lisboa, que entre otras cosas ataría a sus miembros a la Carta Europea de Derechos Fundamentales, fue vencido parcialmente en Irlanda hace dos años, debido a las cuestiones de soberanía nacional. Sin embargo, el tratado fue aprobado por los irlandeses, pero solo después de haber sido garantizada por escrito su soberanía dentro de dicho documento.
La reciente respuesta Lituana busca obtener del Tribunal de Justicia Europeo una determinación de “legitimidad” respecto de la resolución de Parlamento Europeo, para posteriormente poder determinar que esa resolución es nula. Siemas afirma que si la resolución europea no es formalmente anulada, se podrá “convertir en un peligro que establezca un precedente”. La resolución lituana expresa su “pesar” y “gran preocupación” por que el PE intente “dudar de la legitimidad de la ley aprobada por la gran mayoría del parlamento democráticamente electo de un Estado miembro, donde este asunto no debería caer bajo la jurisdicción del PE”.
Mecislovas Zasciurinskas, miembro del Partido Laboral Lituano, pregunto a la tribuna: “¿que piensan, este es solo una tentativa de interferencia con los asuntos de un estado soberano, o es el principio de una dictadura absoluta?. Unos años atrás, le llamábamos a esto ‘El apretón de Moscú’, la tendencia es entrometerse en los asuntos de todos”.
El conservador Ceslovas Stankevicius dijo: “esto es jurisdicción de Siemas y el PE no tiene cabida revolviendo todo, porque Lituania no violo ninguna ley”.
La resolución del Parlamento Europeo no es ninguna obligación y tampoco tiene poder dentro de la ley. Sin embargo tales resoluciones han sido utilizadas por activistas para construir relaciones públicas en contra del país apuntado. Mientras la Agencia de Derechos Fundamentales no esté obligada a actuar con base en la resolución del PE, esta resolución puede ser usada como indicio para dar pie a una investigación.
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